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Instituto de la Defensoría Pública

Consejería Jurídica

    
 

Antecedentes

La Defensoría de Oficio desde sus inicios surgió como una institución de apoyo a la población; es decir, su propósito fundamental era el otorgar la defensa necesaria en materia penal a las personas que así lo solicitaran, se caracterizó por ser una unidad administrativa ubicada dentro de la Secretaría de Gobierno, y que por la naturaleza de sus funciones ha sido reubicada en diversas ocasiones.

 La función de otorgar defensa en materia penal representó para la población la oportunidad de contar con asesoría jurídica profesional y gratuita. Por ello, la Defensoría de Oficio, gracias a sus intervenciones en los procesos penales, se fue convirtiendo en una institución importante y necesaria que se regía por la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México, misma que fue publicada por primera vez el 7 de diciembre de 1951 en la Gaceta del Gobierno, en ésta, se mencionaba que la defensoría tenía por objeto proporcionar la defensa necesaria en materia penal a las personas que lo solicitaran, así como a aquellas que no estuvieran en condiciones de retribuir los servicios de un abogado defensor. En ese tiempo la defensoría se integraba por el Jefe de la institución, y por un cuerpo de defensores de oficio que operaban en cada uno de los distritos judiciales en que se dividía el Estado de México.

Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México publicada el 13 de enero de 1976, señalaba que para el despacho de los asuntos del Ejecutivo habría un Secretario General de Gobierno, asimismo, describía la estructura administrativa del Gobierno de Estado, estableciendo entre otras unidades, a la Dirección de Gobernación, la cual se encargaba de coordinar la relación con los demás poderes locales, de la federación y con los Ayuntamientos del Estado, regulaba los límites del Estado, publicaba las leyes y decretos, y además era responsable del registro civil y de las defensorías de oficio.

El 17 de septiembre de 1981, se aprueba una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este ordenamiento jurídico establecía el cambio de denominación de la Secretaría General de Gobierno por el de Secretaría de Gobierno y mencionaba en su artículo 21, fracción XII que le correspondía “Organizar y controlar la Defensoría de Oficio”, a través de la Dirección de Gobernación.

En 1990 se formaliza la adscripción del Departamento de la Defensoría de Oficio en la Subdirección Técnica de la Dirección General de Gobernación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Defensoría de Oficio y a la garantía constitucional en la cual se otorgaba dicho servicio.

En agosto de 1992, con la finalidad de concentrar todas aquellas funciones orientadas a la prevención de la delincuencia y la readaptación social, el Departamento de la Defensoría de Oficio cambia de nivel y de adscripción, integrándose como Subdirección de Defensoría de Oficio a la entonces, Dirección de Prevención y Readaptación.

Posteriormente, el 6 de enero de 1997 se actualiza el Reglamento de la Secretaría General de Gobierno, el cual precisaba la distribución del ámbito competencial de las unidades básicas de la dependencia, la Defensoría de Oficio, adquirió el nivel de Dirección General para depender de manera directa de la Subsecretaría “B” de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección tenía por objeto, regular la organización, atribuciones y el funcionamiento de la defensoría de oficio.

 Años más tarde, el 3 de abril de 2001 fue publicado el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, éste señalaba que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos tenía adscritas entre otras unidades a la Dirección General de la Defensoría de Oficio, la cual tenía como objetivo desarrollar programas y métodos tendientes a la presentación oportuna y calificada del servicio de la Defensoría de Oficio del Estado; difundir entre la población, los programas de la Defensoría de Oficio que llevaba a cabo el Gobierno del Estado; así como establecer comunicación con los diferentes grupos étnicos que existían en la entidad para ofrecer los servicios de la misma.

 Posteriormente, con el objeto de fortalecer y ampliar la cobertura de la defensoría de oficio en su organización y presencia en las diversas ramas procesales, que respondiera a los propósitos de una verdadera justicia, se creó el Instituto de la Defensoría de Oficio, como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y operativa, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica, a través de la Ley de la Defensoría del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de enero de 2006.

El 9 de febrero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto Número 266 por el que se expide el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México que implicó la adopción de un nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio, adversarial y oral. Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del citado código, la institución de la Defensoría de Oficio cambia su denominación a Defensoría Pública, toda vez que se reconoce jurídicamente la existencia de la defensa privada y la defensa pública.

 Derivado de lo anterior, el 3 de febrero de 2010 fue publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley de Defensoría Pública del Estado de México, la cual abroga la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México publicada el 2 de enero de 2006, para crear el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la Defensoría Pública del Estado de México, consistente en proporcionar orientación jurídica y defensa penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten.

 De manera posterior, se redimensiona la defensa pública en el Estado y en fecha 25 de febrero de 2013, se pública en la “Gaceta del Gobierno”, el decreto número 59, por el que se reforman los Artículos 3 en su primer párrafo, 12 en su primer párrafo y 14 en sus fracciones III, IX, X, XIII y XVIII; se adiciona al artículo 2 la fracción 1 Bis; y se deroga la fracción IX del artículo 2 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de México; señalándose que el Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la Defensoría Pública del Estado de México, consistente en proporcionar orientación jurídica y defensa en materia penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten, en los términos que señala la Ley.

 
 
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