PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES GENERALES

El origen histórico de los derechos humanos, sin considerar la edad antigua, lo podemos ubicar en la edad media, en documentos tan significativos como lo son la carta magna de 1215 del Rey Juan sin Tierra y el propio Bill of Rights, sin embargo en donde se crearon verdaderos catálogos sobre derechos humanos fue hasta la constitución de Virginia y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia.

El origen del Ombusman surgió en la constitución de Suecia de 1809 extendiéndose desde esa fecha a todo el mundo entero, siendo en la actualidad más de 80 países del mundo entero los que han adoptado la figura sueca.

El mayor desarrollo internacional a favor de los derechos fundamentales tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, esto se debió principalmente a la gravedad de los abusos cometidos durante la segunda guerra mundial, se creía que de haber existido un sistema internacional que protegiera eficazmente los derechos humanos, tales violaciones, incluso, la guerra misma pudieron haberse evitado.

La pugna por el respeto a la dignidad humana en todo el mundo y en todas las circunstancias se impulsó en un movimiento internacional con la creación de la Organización de las Naciones Unidas.

México, por su parte cuenta con una añeja tradición jurídica en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales, puesto que en las diferentes constituciones que nuestro país ha tenido, como nación independiente, incluso en documentos anteriores como colonia, se han consignado importantes catálogos de derechos humanos, siendo hasta la constitución de 1917 la primera ocasión en que se incluyeron derechos sociales, garantizando los derechos humanos de las tres generaciones.

La historia jurídica de nuestro país reconoce a figuras e instituciones de protección a la dignidad de las personas, como ejemplo podemos citar el caso de la defensoría de los derechos humanos de Nuevo León de 1797 o la procuraduría de pobres de San Luis Potosí de 1847.

En el inicio del siglo XXI se tiene un gran reto como sociedad, puesto que se creó un sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos, mismo que fué llevado al máximo nivel legal en 1992, abriendo una nueva vía para la materialización de mejores condiciones de vida en nuestro país.

La comisión de derechos humanos del Estado de México es un organismo que busca favorecer desde su ámbito competencial el curso de la sociedad en la realización de sus derechos fundamentales.

MARCO LEGAL

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Esos derechos establecidos en la constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla ciertos derechos fundamentales inherentes al hombre, mismos que se encuentran en el titulo primero, capitulo I (Art. 1 al 29) estos derechos los encontramos en las garantías individuales, (libertad, seguridad jurídica, propiedad y libertad).

Las garantías individuales son incorporadas a nuestra constitución a través de los derechos subjetivos, como un derecho fundamental del gobernado, los cuales no deben atacar derechos de terceros, por lo tanto, este derecho subjetivo se extiende hasta donde comienza el derecho del tercero, convirtiéndose en una obligación pública individual.

Mediante las garantías individuales la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado, pues son los límites de su actuación frente a los particulares, se puede decir también que consisten en el respeto a los derechos del hombre, con ello se tiene entonces que las garantías individuales son el fundamento de los derechos humanos.

Justo es de las garantías individuales de donde se desprenden los derechos humanos, puesto que la madre de todas las leyes en nuestro país es la carta magna y que dichas garantías consisten en el respeto a los derechos del hombre.

Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas, sin embargo, según el mandato constitucional quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.

La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.

El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la DESIGUALDAD, LA POBREZA  Y LA DISCRIMINACIÓN.

La defensa o la protección de los derechos humanos tiene la función de:

Contribuir al desarrollo integral de la persona.

Delimitar, para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual pueden actuar libremente, protegidas contra los abusos de las autoridades, servidores públicos y de particulares.

Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.

Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.

FUNDAMENTO INSTITUCIONAL

Reglamento de ingreso y permanencia: Artículos 9, 10, 12, 13, y 14 y demás relativos y aplicables.

Reglamento de Honor Y Justicia: artículos, 18, 20, 21, 27, 28 y demás relativos y aplicables.

Reglamento Interno  de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez artículo 12 en todas sus fracciones, artículo 13 y demás relativos y aplicables.

JUSTIFICACIÓN

La tarea de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos cobra cada vez mayor fuerza en nuestra sociedad, la cual participa activamente y exige también la creación de condiciones necesarias que propicien la paz como fruto de la justicia.

Lo anterior se manifiesta en la labor que realizan los organismos gubernamentales y no gubernamentales en denunciar las violaciones a los derechos humanos, de investigarlas, de establecer responsabilidades y luchar contra la impunidad de los individuos o de instituciones que actúan en perjuicio de los derechos de las personas o de grupos sociales.

Sin embargo, aunque es indispensable continuar con esta labor, no es suficiente para lograr una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, para ello se requiere una sólida capacitación educativa que promueva valores como respeto a la dignidad de la persona, la fraternidad, e igualdad de todos los derechos de los hombres, la libertad, justicia, la vida y el manejo no violento de conflictos.

En este sentido, la Universidad es un espacio ideal para ofrecer una educación que forme y desarrolle dichos valores en los jóvenes y en el personal tanto docente como

administrativo; la cual se puede realizar a partir de su inserción, en el currículo abierto, es decir, en los planes y programas de estudio, así como en los propósitos y contenidos que en currículo cerrado en ellos se plantean; haciendo congruentes las relaciones que se viven en el interior de la Universidad, en las rutinas que en ella se establecen y en la organización de la misma.

Para que la Universidad haga posible este tipo de formación, es necesario desarrollar ciertas actividades que promuevan y apliquen, en la vida universitaria, los valores y los derechos humanos, para ello el docente, sin alterar su ritmo de trabajo ni la cobertura de su programa, así como el administrativo, pueden hacer de cualquier actividad un momento propicio para promover los derechos humanos.

Para lograr lo anterior, se requiere de formación, apoyo y materiales y es por ello que se presenta el Programa Institucional de Fortalecimiento y Educación en Derechos Humanos. (PIFEDHU)

OBJETIVO GENERAL:

Generar la adopción e implementación de una cultura sobre los derechos humanos por parte de la comunidad universitaria.

OBJETIVOS

Propiciar el conocimiento a la comunidad universitaria sobre los derechos humanos, fortaleciendo el respeto a los mismos así como a las libertades fundamentales.

Fomentar los valores de respeto, aceptación y aprecio a la diversidad de pensamiento por medio del personal docente y administrativo, creando conciencia en los estudiantes.

Incitar al análisis, discusión  y propuesta de subtemas  de posible inclusión a los derechos humanos ampliando el horizonte de aplicación de los mismos.